Cambio de Guardia

Fuente La República
Escribe Mario Vargas Llosa
Domingo, 15 de junio de 2014 

Vi el discurso de abdicación del rey Juan Carlos en un pequeño televisor de un hotelito de Florencia y me emocionó escucharlo. Por el visible esfuerzo que hacía para mantener la serenidad y presentar su apartamiento del trono como algo natural, sabiendo muy bien que daba un paso trascendental, lo que suele llamarse un “hecho histórico”. Y porque esta renuncia en favor de su hijo, el príncipe Felipe, cerraba un período durísimo para él, de quebrantos de salud, escándalos familiares y personales, unas excusas públicas y unos esfuerzos denodados en los últimos tiempos a fin de recuperar, para él y para la institución monárquica, la popularidad y el arraigo que había sentido resquebrajarse. El discurso fue impecable: breve, preciso, persuasivo y bien escrito.

Desde entonces, el Rey ha recibido múltiples manifestaciones de cariño en todas sus presentaciones públicas y muy pocos ataques y diatribas. Yo estoy seguro que, a medida que discurra el tiempo, el balance de los historiadores irá haciendo crecer su figura de estadista y terminará por reconocerse que los 39 años de su reinado habrán sido, en gran parte gracias a él, los más libres, democráticos y prósperos de la larga historia de España. Y nada me parece tan justo como decir –lo ha afirmado Javier Cercas en un artículo– que sin el rey Juan Carlos no hubiera habido democracia en este país. Ciertamente que no, por lo menos de la manera pacífica, consensuada e inteligente que fue la transición.

Espero que, en el futuro, algún novelista español de aliento tolstoiano, se atreva a contar esta fantástica historia. El régimen de Franco había urdido, con las mejores cabezas de que disponía, su supervivencia, mediante la restauración de una monarquía de corte autoritario, para la cual el Caudillo y su entorno habían educado, desde niño, apartándolo de su familia y sometiéndolo a una celosa formación especial, al joven príncipe, al que las Cortes franquistas, luego de la muerte de Franco, entronizaron Rey de España. Pero en su fuero íntimo, nadie sabe exactamente de qué modo y desde cuándo, el joven Juan Carlos había llegado a la conclusión de que, asumido el trono, su obligación debía ser exactamente la opuesta a la que había sido prefacturada para él. Es decir, no prolongar –guardando ciertas formas– la dictadura, sino acabar con ella y conducir a España hacia una democracia moderna y constitucional, que abriera su patria al mundo del que había estado poco menos que secuestrada los últimos cuarenta años, y reconciliara a todos los españoles dentro de un sistema abierto, tolerante, de legalidad y libertad, donde coexistieran pacíficamente todas las ideas y doctrinas y se respetaran los derechos humanos.

Parecía una tarea imposible de alcanzar sin que los herederos de Franco, que controlaban el poder y contaban todavía –para qué mentir– con un fuerte apoyo de opinión pública, se rebelaran contra esta democratización de España que los condenaría a la extinción, y se opusieran a ella con todos los medios a su alcance, incluida, por supuesto, la de una violencia militar. ¿Por qué no lo hicieron? Porque, con una habilidad extraordinaria, guardando siempre las formas más exquisitas, pero sin dar jamás un paso en falso, el joven monarca los fue embarcando de tal modo en el proceso de transformación que, cuando advertían que ya habían cedido demasiado, confundidos y desconcertados, en vez de reaccionar estaban ya haciendo una nueva concesión. La opinión pública, transformada en el curso de esta marcha hacia la libertad, se alistaba en ella y apoyaba de manera cada vez más dinámica los cambios que, semana a semana, día a día, fueron cambiando de raíz la realidad política de España.

Con motivo de su fallecimiento, se ha recordado hace poco y con mucha justicia, la notable labor que cumplió Adolfo Suárez en la transición. Claro que sí. Pero hay que recordar que fue el rey Juan Carlos quien, con olfato infalible, eligió para que fuese su colaborador en esta extraordinaria operación, a quien era entonces nada menos que Ministro Secretario General del Movimiento, es decir, del conjunto de organizaciones e instituciones políticas del régimen franquista. Nadie debe menoscabar, desde luego, la importancia que alcanzaron en la transición pacífica de España de la dictadura a la democracia, de un régimen vertical a un sistema plural y abierto, prácticamente todas las fuerzas políticas del país, de la derecha a la izquierda, y que todas ellas estuvieran dispuestas, en aras de la paz, a hacer concesiones que hicieran posibles los consensos de los que resultó el gran acuerdo constitucional. Pero nadie debería tampoco olvidar que quien, desde un principio, concibió, impulsó y llevó a buen puerto este proceso, fue el monarca que, prestando un nuevo gran servicio a su país, acaba de abdicar a fin de que herede el trono el príncipe Felipe y con él se abra para España “una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación”.

Si, de este modo, el rey Juan Carlos contribuyó de manera decisiva a que la democratización de España se llevara a cabo de manera pacífica, con su conducta clara y firme que hizo debelar el intento golpista del 23 de febrero de 1981, consiguió para la monarquía una legitimidad que había perdido vigor y calor popular. Porque lo cierto es que el pueblo español no era monárquico cuando murió Franco. Empezó a ser, o a volver a serlo, gracias al protagonismo que tuvo el Rey apoyando y liderando la democratización de España. Pero fue luego del aplastamiento del intento golpista del 23/F que el rey Juan Carlos devolvió a la Monarquía el respaldo resuelto y entusiasta de la gran mayoría de la población, lo que ha sido factor decisivo de la estabilidad política e institucional de la España de estas últimas décadas.

Esta historia, que he resumido en pocas líneas, está todavía por contarse. Es una historia fuera de lo común, de una complejidad y sutileza sólo comparable con las de las más grandes novelas, en la que, en la soledad más absoluta, un joven prisionero de una maquinaria casi invencible, se libera de ella y decide, ejerciendo unos poderes que entonces sí tenía el Rey, rebelarse contra el sistema que estaba encargado de salvar, deshaciéndolo y rehaciéndolo de pies a cabeza, cambiando sutilmente todo el libreto que debía aprenderse y ejecutar y reemplazándolo por su contrario. Mucha gente lo ayudó, desde luego, pero él fue, él solo, desde el principio hasta el final, el director del espectáculo.
Por eso la España sobre la que va a reinar don Felipe VI es, hoy, esencialmente distinta de aquella que era cuando murió Franco: una democracia moderna y respetada, un país libre, solvente y culto, que figura entre los más avanzados del mundo. Conviene no olvidar cuánto de todo ello se debe al monarca que ahora se retira para que lo sustituya su heredero.

Es verdad que el príncipe Felipe ha sido muy bien preparado para la difícil responsabilidad que va a asumir. También lo es que España vive hoy problemas enormes –el primero y el más grave de ellos, las amenazas de secesión que podrían hundirla en una crisis de incalculables consecuencias– y que, por más que el monarca en una monarquía constitucional reine pero no gobierne, los desafíos que va a enfrentar van a poner a prueba todos los conocimientos y experiencias que ha adquirido en el curso de su exigente formación. Lo más importante es que el nuevo rey, mediante sus gestos, iniciativas, tacto y comportamiento, mantenga viva la adhesión que es hoy aún muy profunda en la sociedad española hacia la monarquía constitucional. No es cierto que, mientras haya democracia, importe poco si un régimen es republicano o monárquico. No cuando el problema de la unidad de un país es tan grave como hoy día en España. La monarquía es una de las pocas instituciones que garantiza esa unidad en la diversidad sin la cual podría sobrevenir la desintegración de una de las más antiguas e influyentes civilizaciones del mundo. En todas las otras la división, el encono, el fanatismo y la miopía política han sembrado ya las semillas de la fragmentación. Ayudemos todos a Su Majestad don Felipe VI a tener éxito poniendo nuestro granito de arena en la tarea de mantener a España unida, diversa y libre como lo ha sido estos 39 últimos años.

Madrid, junio de 2014

El Derecho a Decidir

22 de septiembre de 2013
Fuente La República
Escribe Mario Vargas LLosa

El mejor artículo que he leído sobre el tema del independentismo catalán, que, aunque parezca mentira, está hoy en el centro de la actualidad española, lo ha escrito Javier Cercas, que es tan buen novelista como comentarista político. Apareció en El País Semanal el 15 de septiembre y en él se desmonta, con impecable claridad, la argucia de los partidarios de la independencia de Cataluña para atraer a su bando a quienes, sin ser independentistas, parezcan serlo, pues defienden un principio aparentemente democrático: el derecho a decidir.

Allí se explica que, en una democracia, la libertad no supone que un ciudadano pueda ejercerla sin tener en cuenta las leyes que la enmarcan y decidir, por ejemplo, que tiene derecho a transgredir todos los semáforos rojos. La libertad no puede significar libertinaje ni caos. La ley que en España garantiza y enmarca el ejercicio de la libertad es una Constitución aprobada por la inmensa mayoría de los españoles (y, entre ellos, un enorme porcentaje de catalanes) que establece, de manera inequívoca, que una parte de la nación no puede decidir segregarse de ésta con prescindencia o en contra del resto de los españoles. Es decir, el derecho a decidir si Cataluña se separa de España sólo puede ejercerlo quien es depositaria de la soberanía nacional: la totalidad de la ciudadanía española.

Ahora bien, Cercas dice, con mucha razón, que si hubiera una mayoría clara de catalanes que quiere la independencia, sería más sensato (y menos peligroso) concedérsela que negársela, porque a la larga es “imposible obligar a alguien estar donde no quiere estar”. ¿Cómo saber si existe esa mayoría sin violar el texto constitucional? Muy sencillo: a través de las elecciones. Que los partidos políticos en Cataluña declaren su postura sobre la independencia en la próxima consulta electoral. Según aquel, si Convergencia y Unión lo hiciera, perdería esas elecciones, y por eso ha mantenido sobre ese punto, en todas las consultas electorales, una escurridiza ambigüedad. Al igual que él, yo también creo que, a la hora de decidir, el famoso seny catalán prevalecería y sólo una minoría votaría por la secesión.

¿Por cuánto tiempo más? Cara al futuro, tal vez Javier Cercas sea más optimista que yo. Viví casi cinco años en Barcelona, a principios de los setenta –acaso, los años más felices de mi vida– y en todo ese tiempo creo que no conocí a un solo nacionalista catalán. Los había, desde luego, pero eran una minoría burguesa y conservadora sobre la que mis amigos catalanes –todos ellos progres y antifranquistas– gastaban bromas feroces. De entonces a hoy esa minoría ha crecido sin tregua y, al paso que van las cosas, me temo que siga creciendo hasta convertirse –los dioses no lo quieran– en una mayoría. “Al paso que van las cosas” quiere decir, claro está, sin que la mayoría de españoles y de catalanes que son conscientes de la catástrofe que la secesión sería para España y sobre todo para la propia Cataluña, se movilicen intelectual y políticamente para hacer frente a las inexactitudes, fantasías, mitos, mentiras y demagogias que sostienen las tesis independentistas.

El nacionalismo no es una doctrina política sino una ideología y está más cerca del acto de fe en que se fundan las religiones que de la racionalidad que es la esencia de los debates de la cultura democrática. Eso explica que el President Artur Mas pueda comparar su campaña soberanista con la lucha por los derechos civiles de Martin Luther King en los Estados Unidos sin que sus partidarios se le rían en la cara. O que la televisión catalana exhiba en sus pantallas a unos niños adoctrinados proclamando, en estado de trance, que a la larga “España será derrotada”, sin que una opinión pública se indigne ante semejante manipulación.

El nacionalismo es una construcción artificial que, sobre todo en tiempos difíciles, como los que vive España, puede prender rápidamente, incluso en las sociedades más cultas –y tal vez Cataluña sea la comunidad más culta de España– por obra de demagogos o fanáticos en cuyas manos “el país opresor” es el chivo expiatorio de todo aquello que anda mal, de la falta de trabajo, de los altos impuestos, de la corrupción, de la discriminación, etcétera, etcétera. Y la panacea para salir de ese infierno es, claro está,  la independencia.

¿Por qué semejante maraña de tonterías, lugares comunes, flagrantes mentiras puede llegar a constituir una verdad política y a persuadir a millones de personas? Porque casi nadie se ha tomado el trabajo de refutarla y mostrar su endeblez y falsedad. Porque los gobiernos españoles, de derecha o de izquierda, han mantenido ante el nacionalismo un extraño complejo de inferioridad. Los de derechas, para no ser acusados de franquistas y fascistas, y los de izquierda porque, en una de las retractaciones ideológicas más lastimosas de la vida moderna, han legitimado el nacionalismo como una fuerza progresista y democrática, con el que no han tenido el menor reparo en aliarse para compartir el poder aun a costa de concesiones irreparables.

Así hemos llegado a la sorprendente situación actual. En la que el nacionalismo catalán crece y es dueño de la agenda política, en tanto que sus adversarios brillan por su ausencia, aunque representen una mayoría inequívoca del electorado nacional y seguramente catalán.

Lo peor, desde luego, es que quienes se atreven a salir a enfrentarse a cara descubierta a los nacionalistas sean grupúsculos fascistas, como los que asaltaron la librería Blanquerna de Madrid hace unos días, o viejos paquidermos del antiguo régimen que hablan de “España y sus esencias”, a la manera falangista. Con enemigos así, claro, quién no es nacionalista.
Al nacionalismo no hay que combatirlo desde el fascismo porque el fascismo nació, creció, sojuzgó naciones, provocó guerras mundiales y matanzas vertiginosas en nombre del nacionalismo, es decir, de un dogma incivil y retardatario que quiere regresar al individuo soberano de la cultura democrática a la época antediluviana de la tribu, cuando el individuo no existía y era solo parte del conjunto, un mero epifenómeno de la colectividad, sin vida propia.

Pertenecer a una nación no es ni puede ser un valor ni un privilegio, porque creer que sí lo es deriva siempre en xenofobia y racismo, como ocurre siempre a la corta o a la larga con todos los movimientos nacionalistas. Y, por eso, el nacionalismo está reñido con la libertad del individuo, la más importante conquista de la historia, que dio al ciudadano la prerrogativa de elegir su propio destino –su cultura, su religión, su vocación, su lengua, su domicilio, su identidad sexual– y de coexistir con los demás, siendo distinto a los otros, sin ser discriminado ni penalizado por ello.

Hay muchas cosas que sin duda andan mal en España y que deberán ser corregidas, pero hay muchas cosas que asimismo andan bien, y una de ellas –la más importante– es que ahora España es un país libre, donde la libertad beneficia por igual a todos sus ciudadanos y a todas sus regiones. Y no hay mentira más desaforada que decir que las culturas regionales son objeto de discriminación económica, fiscal, cultural o política. Seguramente el régimen de autonomías puede ser perfeccionado; el marco legal vigente abre todas las puertas para que esas enmiendas se lleven a cabo y sean objeto de debate público. Pero nunca en su historia las culturas regionales de España –su gran riqueza y diversidad– han gozado de tanta consideración y respeto, ni han disfrutado de una libertad tan grande para continuar floreciendo como en nuestros días. Precisamente, una de las mejores credenciales de España para salir adelante y prosperar en el mundo globalizado es la variedad de culturas que hace de ella un pequeño mundo múltiple y versátil dentro del gran teatro del mundo actual.
El nacionalismo, los nacionalismos, si continúan creciendo en su seno como lo han hecho en los últimos años, destruirán una vez más en su historia el porvenir de España y la regresarán al subdesarrollo y al oscurantismo. Por eso, hay que combatirlos sin complejos y en nombre de la libertad.

Madrid, septiembre de 2013

Una Rosa para Rosa

Por Mario Vargas llosa

06 de noviembre de 2011

Fuente La Nación

Tener casi cinco millones de parados como le ocurre a España es una tragedia para cualquier país y, sobre todo, para una sociedad que hace apenas ocho años era la historia feliz de Europa, un país de una economía pujante que muchos envidiaban y un ejemplo flagrante -para América latina en particular y el Tercer Mundo en general- de que, con estabilidad, democracia y políticas acertadas un país puede quemar etapas y, en un período relativamente breve, alcanzar altos niveles de trabajo y bienestar.

Nadie duda de que en las cifras escalofriantes del desempleo español ha tenido un efecto la crisis financiera que desde hace más de tres años padece el mundo occidental. Pero nadie puede ser tan ingenuo de creer que ésa es la única causa, ni siquiera la principal, de semejantes niveles de paro, pues, si fuera así, ¿por qué el resto de Europa no padece un fenómeno parecido? Ni Grecia, en su descenso imparable a los abismos, alcanza un desempleo semejante. De otro lado, una reciente investigación comprueba que en la actualidad España es el país de la Unión Europea donde las diferencias económicas son más grandes (es decir, donde los ricos son más ricos y los pobres más pobres) y que el altísimo desempleo juvenil -un 48%- difícilmente podría empezar a disminuir antes de tres años.

La razón principal de semejante desastre es una política económica errática, imprudente, y la obstinación del gobierno socialista en negar la existencia de la crisis a lo largo de más de un año, lo que le impidió tomar las medidas correctivas que hubieran moderado la caída y acortado el período de recuperación de la economía. Los pronósticos sobre lo que ésta tardará varían, pero todos coinciden en que el año que se avecina será todavía más duro que el que se va.

El gobierno español va a ser sancionado en las elecciones del 20 de noviembre por este fracaso y es natural que así sea. Vale la pena recordar que sólo en las democracias estas sanciones electorales son posibles y, también, que, por fortuna, pese a los quebrantos económicos, la democracia española goza de excelente salud. Las encuestas dicen que el principal partido de oposición, el Partido Popular que lidera Mariano Rajoy, volverá al poder y, casi seguramente, con mayoría absoluta.

Me alegro de que sea así porque creo que el Partido Popular cuenta con el mejor equipo de economistas y las ideas más claras para enfrentar el difícil y sacrificado reto que será llevar a cabo las reformas radicales necesarias. Esperemos que cuente también con el coraje que hará falta al próximo gobierno si de veras quiere sacar a España del marasmo económico en que se encuentra, devolverle el dinamismo que tuvo durante los ocho años del gobierno de José María Aznar, y la confianza en el futuro que esta crisis ha hecho añicos.

Pese a todo ello, en estas elecciones no votaré por el Partido Popular, sino por Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido que lidera Rosa Díez, por razones que me gustaría explicar en este artículo.

Tengo una desconfianza instintiva a las mayorías absolutas, que pueden alentar iniciativas arbitrarias y hasta autoritarias en los gobiernos que las detentan. En el caso español, me preocupa que, si el PP la obtiene, su ala más conservadora, impulsada por razones religiosas, empuje al gobierno de Rajoy a deshacer, o aguar hasta vaciarlas de contenido, las reformas sociales más avanzadas aprobadas por el gobierno de Rodríguez Zapatero y que, a mi juicio, han hecho progresar la cultura de la libertad en España, como la ley que autoriza los matrimonios gay, la ampliación de la ley del aborto y los derechos de la mujer, temas en los que hoy España se encuentra a la vanguardia. UPyD es un partido claramente comprometido con reformas genuinamente liberales de esta índole y estoy seguro de que las defenderá con convicción en el parlamento. Por eso, si el PP no obtuviera la mayoría necesaria para gobernar solo y necesitara de alianzas, UPyD sería el aliado ideal. En todo caso, preferible a los partidos nacionalistas, cuyo apoyo se hacen pagar carísimo y, siempre, con concesiones favorables a su idea fija, la independencia, es decir, la desintegración de España. Como estoy absolutamente convencido de que, si ello ocurriera, la causa de la libertad retrocedería tanto en el País Vasco como en Cataluña, y de que éste será el problema más serio que deberá enfrentar España en el futuro inmediato, creo importante apoyar a un partido que, como UPyD, tiene sobre este asunto posiciones absolutamente lúcidas.

Desde que nació como organización política, ha combatido al nacionalismo -a los nacionalismos- con resolución y sin complejos. Y ha sostenido que, tal como funciona en la actualidad el régimen de las diecisiete autonomías, aquel riesgo de desintegración se va acentuando. Y que, por ello, debe ser reformado, sin poner en peligro la descentralización, pero recuperando el Estado algunas competencias como las relativas a la educación, la salud y la justicia, sin las cuales es quimérico que haya una política coherente y homogénea a nivel nacional, y recortando las burocracias que conducen a la anarquía administrativa, el despilfarro fiscal y el deterioro de los denominadores culturales y sociales que sostienen la cohesión nacional.

Por otra parte, UPyD es el único partido en estas elecciones que ha incorporado a su plan de gobierno una cláusula comprometiéndose a apoyar a la oposición democrática que lucha por liberar a Cuba de 52 años de dictadura. También en este campo es imprescindible rectificar la política del gobierno socialista que, en lo que concierne a la tiranía cubana, ha sido de una tolerancia rayana con el celestinazgo cuando, a cambio de la liberación de algunos presos políticos, intentó (sin éxito, felizmente) que la Unión Europea retirase las moderadas sanciones que aplica a la satrapía caribeña.

No digo que UPyD sea un partido liberal, pero es lo que más se le parece en el ámbito español. Acaso no tanto en lo que concierne a la economía, aunque su plan de gobierno se orienta a defender una economía libre basada en la competencia, sin privilegios ni populismo, como en sus convicciones democráticas, en sus posturas tolerantes, en la diversidad que admite y fomenta entre sus afiliados -un espectro ideológico que va de la socialdemocracia al liberalismo, pasando por el centro cristiano o laico y hasta con pequeños destellos anarquistas- lo que da a esta formación política un aire fresco, joven, renovador, idealista, sano, desprovisto del cálculo y los apetitos que suele enquistar el tiempo en los partidos políticos.

La mejor credencial de UPyD es Rosa Díez, su portavoz y fundadora, a quien los ciudadanos españoles suelen dar los mejores calificativos entre los líderes políticos. Esta mujer menudita y de ojos efervescentes tiene convicciones muy firmes y ha demostrado a lo largo de su vida pública, como un puñado de políticos vascos democráticos, un coraje a prueba de terroristas y fanáticos que despierta mi admiración. Ha visto el riesgo que representa para la supervivencia de España y de la democracia el nacionalismo identitario, y ha criticado siempre las concesiones que le han hecho los gobiernos y salido al paso a toda política que, a cambio de trapicheos o pequeñas concesiones retóricas, entregue la libertad de comunidades enteras al secuestro colectivista que ese nacionalismo representa.

Rosa Díez es lo que Max Weber llamaba un "político de convicción". Ella y su partido merecen una presencia mayor en el ámbito nacional. Su empeño es devolver a la política la solvencia moral y la confianza que depositan en ella los ciudadanos de una democracia que ven en la acción política el instrumento más eficaz y menos violento para mejorar el nivel de vida de la gente, corregir lo que anda mal, impulsar la igualdad y la justicia. Esta confianza, tan vigorosa en los años de la transición, se ha ido enfriando en España con la feroz crisis económica, y en las nuevas generaciones va surgiendo un pesimismo que se traduce a veces en un rechazo de las reglas de juego de la democracia.

Esto explica la deriva que ha ido tomando el movimiento de los "indignados". En un primer momento, la simpatía de la opinión pública fue grande hacia esa movilización de jóvenes que, luego de recibir una educación y prepararse, a veces con enormes sacrificios, para entrar en el mercado laboral, lo encontraban cerrado y sin perspectivas de encontrar un trabajo digno por quién sabe cuántos años. Muchos vimos en ese período inicial en el movimiento de los "indignados" una inyección de energía para la democracia española. Pero pronto el movimiento desbordó sus cauces originales, y, expoliado sin duda por grupos extremistas, ha ido adoptando unas consignas tan anacrónicas como la estatización y el dirigismo económico, y la sustitución de la legalidad parlamentaria por la legalidad de la calle y la acampada. Ese camino sólo puede conducir al deterioro y hasta el desplome de lo más precioso que tiene hoy España: la democracia que recuperó luego de cuarenta años de dictadura.

Las elecciones del 20 de noviembre son una magnífica oportunidad para comprobar que la democracia sí funciona y que es el único sistema que permite renovar los gobiernos, las políticas y las leyes de manera civilizada. Para ello hay que confiar en las urnas y no equivocarse a la hora de elegir.

© La Nacion 

Héroes de nuestro tiempo

PIEDRA DE TOQUE

El Comercio
Por: Mario Vargas Llosa Escritor
Domingo 25 de Julio del 2010

Que una veintena de presos políticos cubanos hayan sido excarcelados y venido a España con sus familias, y que el gobierno de Raúl Castro haya prometido excarcelar en los próximos “cuatro o cinco meses” a algunas decenas más es una buena cosa, sin duda, y hay que alegrarse por ello.

Lo primero que cabe preguntarse sobre este puñado de exiliados que, después de largos años de martirio en las prisiones cubanas, salen libres, es quiénes son. Ninguno pertenece al antiguo régimen, todos nacieron y fueron formados por la revolución, y su disidencia, por lo tanto, no nace de nostalgia por un pasado que no conocieron, sino de un rechazo a una dictadura que han padecido desde adentro y que despertó en ellos un anhelo de libertad. Por sus oficios, representan todo el abanico social: obreros, artesanos, ex soldados, periodistas, ex funcionarios. ¿Los delitos por los que fueron condenados a esas durísimas penas de 12, 15 y 20 años de prisión? Firmar peticiones, escribir artículos, tener una máquina de escribir, constituir grupos de derechos humanos u oficinas de información independientes, actividades pacíficas y ajenas a cualquier tipo de subversión o violencia. Si a eso se suman las infinitas vejaciones, golpizas, torturas y castigos de toda índole de que han sido víctimas los años que pasaron en la cárcel, no hay duda, cada uno de ellos es un testimonio viviente de la brutalidad irracional que aplica el régimen castrista contra quienes no se someten a él con servidumbre total y del heroísmo que hace falta para enfrentarse, aunque sea de la manera más benigna, contra una dictadura totalitaria como la cubana.

¿Por qué han podido salir de la isla? ¿Por los buenos oficios de la Iglesia Católica, “acompañada” del Gobierno Español, según la fórmula empleada por el ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos? Mi impresión es, más bien, que el Gobierno Cubano, viéndose en una tesitura sumamente difícil luego de la muerte del disidente Orlando Zapata, luego de 86 días de huelga de hambre, que provocó condenas en todo el mundo, y la inminente muerte de Guillermo Fariñas, que llevaba cerca de 130 días en huelga de hambre, decidió hacer un gesto y se sirvió de ambos para sus propios fines. ¿Cuáles? El primero, desactivar la campaña exterior contra el régimen y levantar algo su desprestigiada imagen institucional.

El segundo, más importante, conseguir mediante estas excarcelaciones que la Unión Europea abandone la posición común que suspende toda colaboración económica con el régimen mientras no haya una mejora tangible de los derechos humanos en la isla. Para la dictadura cubana, que vive una situación económica crítica, de la que no sabe cómo salir porque teme que cualquier apertura a la inversión privada y liberalización del mercado la debilite y signifique el principio del fin de la estructura vertical que la sostiene, la cooperación y ayuda exterior son el balón de oxígeno indispensable para alargarle la vida.

Es ingenuo pensar que la excarcelación de unas decenas de presos políticos constituye una reforma sustantiva de la política del régimen contra la oposición. Uno de los rasgos más repugnantes de la dictadura caribeña ha sido su vieja costumbre de regalar presos a los políticos occidentales que iban a hacer el besamanos al dictador, para que ganaran bonos en sus países como “salvadores” y dieran testimonio de lo flexible que podía ser el régimen cuando era tratado con comprensión. Este innoble tráfico de carne humana en las relaciones públicas puede permitírselo sin riesgo alguno una satrapía cuya reserva de prisioneros políticos es un barril sin fondo, y reemplaza a discreción los presos que ofrece a sus huéspedes importantes.

Por el momento, nada ha cambiado, salvo que —¡en buena hora!— unos cuantos héroes de nuestro tiempo han podido salir de Cuba con sus familias a iniciar la difícil vida del destierro, y, como han dicho todos ellos, a seguir luchando desde el exterior por la democratización de su país. Los medios de comunicación cubanos no han dicho palabra de lo ocurrido, salvo la reproducción en “Granma” de un comunicado del arzobispado que debe haber dejado en la luna a sus lectores. No hay una sola disposición, reglamento o ley que sirviera para mandar a la cárcel a los disidentes que haya sido suspendida, abolida o corregida, ni la menor promesa del Gobierno Cubano que haga suponer que la excarcelación es el inicio de una política de tolerancia para los objetores.

El gobierno socialista español cree que sí lo es y este es el argumento con que el ministro Moratinos tratará de convencer a sus colegas de la Unión Europea para que levanten la posición común y la sustituyan por una política de apaciguamiento, amistad y “diplomacia silenciosa” que vaya persuadiendo discretamente a la dictadura de que inicie de una vez una apertura real.

Confieso que nunca he entendido por qué un gobierno democrático, en el que hay un buen número de luchadores contra el franquismo que vivieron en carne propia lo que significa una dictadura totalitaria, lleva a cabo con Cuba una política que, en términos prácticos —son los que importan—, solo sirve para prolongar la existencia de una dictadura atroz, que lleva más de medio siglo y que ha hundido a los cubanos en la miseria, el miedo, la inseguridad y el más cruel despotismo. Y, peor todavía, que constituye una recusación y hostilidad flagrantes contra una oposición que, jugándose la vida y exponiéndose a abusos y represalias vesánicas, lucha para que Cuba alcance lo que tiene España desde la muerte de Franco.

Me lo he preguntado muchas veces y cada vez me parece más difícil encontrar una respuesta que no implique una patética falta de visión, la pequeñez o la ceguera. ¿El acercamiento a la dictadura cubana del gobierno socialista español es, simplemente, una manera de mostrar un cambio radical de política con la del gobierno de José María Aznar, quien persuadió a Europa de adoptar la posición común? Si fuera así, la política exterior de España no sería más que un juguete sin brújula al servicio de menudas querellas partidistas, sin continuidad, horizonte geopolítico ni moral.

Tal vez, la explicación sea de otra índole. El socialismo español, afortunadamente para España, de socialismo tiene ya solo el nombre (y acaso la nostalgia). Como todos los partidos socialistas del Occidente, el español se ha modernizado, renunciando a los viejos paradigmas ideológicos, la lucha de clases, el estatismo, el colectivismo, el dirigismo económico, y ha terminado por conformarse a realidades que antes combatía con encono, la empresa privada, el mercado, la inversión extranjera, y es, hoy día —aunque nunca lo reconocería en estos términos— un baluarte del capitalismo y de la democracia liberal. Sus diferencias con los partidos conservadores y centristas son menudas e intrascendentes, salvo en la retórica de sus dirigentes, en la que a veces sobrenadan los antiguos clichés de la enterrada ideología.

Me pregunto si la incomprensible e inmoral política del gobierno socialista español de colaboración con el castrismo no es una manera para sus dirigentes de demostrarse a sí mismos que no es verdad que hayan dejado de ser socialistas, que ahí está la prueba, lo que hacen para salvarle la vida a la acorralada revolución cubana, que, aunque haya cometido muchos errores, es todavía el emblema de aquel socialismo que fue el suyo, cuando eran jóvenes y utópicos y creían que la peor de las lacras de la humanidad fue la aparición del capitalismo egoísta y vil. Tal vez eso les dé buena conciencia y, pasajeramente, los exonere de la tristeza de comprobar a cada paso que, en todo lo demás, salvo en Cuba, dejaron de ser “revolucionarios” y se volvieron pragmáticos, socialdemócratas, es decir “social pendejos” como los llaman los “compañeros” cubanos, y, horror de horrores, ¡hasta liberales! Qué pena que toda esta operación exculpatoria de un gobierno que debería liderar el apoyo de los países libres a los héroes de la libertad en Cuba se haga a costa de 11 millones de cubanos sometidos desde hace más de medio siglo a un régimen que se disputa con Corea del Norte el privilegio de ser la última dictadura comunista del planeta.

Hago votos para que, siguiendo lo que piden los presos políticos desterrados de Cuba, la Unión Europea no cometa la imprudencia de renunciar a la posición común y la mantenga hasta que el régimen de los hermanos Castro dé pasos verídicos y comprobables de una democratización.

MARBELLA, JULIO DEL 2010
© MARIO VARGAS LLOSA, 2007.
© DIARIO “EL PAÍS”, SL/ MARIO VARGAS LLOSA. PRISACOM.
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