España condicionó ayuda a dictadura de Fujimori en 1997

Piedra de Toque
Por MARIO VARGAS LLOSA
Acoso y Derribo

Atraves de Luis Yáñez, su portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores, el Partido Socialista (PSOE) ha presentado en el Congreso una propuesta para que España asuma en la Unión Europea, en lo que concierne al régimen autoritario peruano de Fujimori, el mismo liderazgo que ha tenido en coordinar con sus socios europeos una política de presión a la dictadura cubana de Fidel Castro en favor de los derechos humanos y la democratización. Se trata de una iniciativa loable, que ha respaldado ya Izquierda Unida, y que los demócratas peruanos y españoles esperamos que obtenga el apoyo unánime de las fuerzas políticas representadas en Las Cortes, en especial, del Partido Popular de José María Aznar, que, conviene recordarlo, fue uno de los primeros en condenar, en términos inequívocos, el golpe militar del 5 de abril de 1992 que destruyó, a los doce años de recobrada, la democracia en el Perú.

La propuesta es impecable, desde los puntos de vista jurídico y ético, además del político. Ella recuerda que el 17 de julio de este año el Parlamento Europeo condenó al régimen peruano por sus repetidas violaciones a los derechos humanos y pide que Bruselas, actuando de manera consecuente, aplique a la dictadura de Fujimori, Montesinos y De Bari Hermoza la misma política que ha adoptado, gracias a España, frente a la dictadura cubana, supeditando la ayuda y colaboración europeas a los progresos que haga en los dominios de la libertad y la legalidad. En el Perú, no hay progreso alguno en estos dos campos, más bien -sobre todo, en las últimas semanas- violentos retrocesos. Como si el gobierno se empeñara en dar la razón a Amnistía Internacional, que, en su último informe, señala que el régimen autoritario peruano comparte el deshonroso palmarés de los crímenes políticos, torturas, ejecuciones sumarias, detenciones ilegales, atropellos contra la libertad de prensa, interferencias telefónicas, envilecimiento de la Justicia, expropiación de la correspondencia, etcétera, con satrapías tan flagrantes como las de Nigeria, Birmania, Corea del Norte o Libia. A raíz de su iniciativa, el diputado Yáñez fue amenazado de muerte por un supuesto Comando Cinco de Abril, que llamó también a diversos medios de comunicación españoles. Las llamadas, hechas desde teléfonos de Lima, delatan la mano sucia del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional), los predios desde los que Montesinos, De Bari Hermoza y demás miembros de la cúpula castrense que detenta el poder urden las grandes operaciones represivas y "sico-sociales" del régimen.

La última de estas operaciones se consumó al amanecer del 19 de setiembre, cuando las fuerzas policiales ocuparon Frecuencia Latina, canal de televisión de Baruch Ivcher al que, mediante triquiñuelas jurídicas de grotesca factura, el régimen despojó de la nacionalidad peruana primero, para arrebatarle luego su empresa y entregársela a unos accionistas minoritarios, cómplices del desafuero. La razón de ser de este despojo, perpetrado como un verdadero desafío a la comunidad internacional -pues, desde el Congreso de Estados Unidos hasta la Agencia Judía, pasando por todas las asociaciones de prensa del mundo, habían protestado contra el atropello- es alinear a Frecuencia Latina con la política de servilismo al gobierno que es la norma entre los grandes medios de comunicación desde el 5 de abril del '92. Lo era también la del canal de Baruch Ivcher hasta hace unos meses, en que denunció la colusión de jerarcas militares del régimen con el narcotráfico y los millonarios ingresos de Montesinos, asesor supuestamente ad honorem de Fujimori. Por este atrevimiento ha sido ahora castigado.

Veinticinco periodistas de Canal 2 renunciaron a sus cargos en el instante mismo que la Policía ocupó el canal, negándose a trabajar con los usurpadores. Antes habían librado una valerosa batalla, encerrándose en el local e informando sobre lo que ocurría, con verdadera temeridad. Quiero destacarlo -mencionando a los cuatro mosqueteros de la resistencia: Fernando Viaña, Gonzalo Quijandría, Iván García y Luis Iberico- no sólo porque esas actitudes son infrecuentes en el periodismo peruano, donde las últimas dictaduras -la de Velasco y la actual- han contado con la complicidad activa de buen número de hombres de prensa, sino porque, esas actitudes de independencia y decencia, en el Perú de hoy se pueden pagar caras. Precisamente una de las explosivas denuncias que hizo conocer Canal 2, en su efímero paréntesis de libertad, fue la de un ex agente del SIN, Leonor La Rosa, revelando que este organismo tenía preparado un Plan Bermuda contra la prensa indócil, que incluía el asesinato de un periodista de oposición, César Hildebrandt, simulando un accidente.

Los países que gozan de regímenes democráticos, y, sobre todo, aquéllos que, como España, han conquistado sus libertades y el imperio de la ley luego de padecer el agobio de una dictadura, tienen la obligación de ayudar a los que no están en esta situación a librarse de regímenes que, aunque de distintos signos ideológicos, como los de Fidel Castro y Fujimori, se asemejan porque pisotean los derechos humanos, privan a sus pueblos de las más elementales garantías y prolongan, en nuestro tiempo, aquella tradición de oscurantismo, prepotencia y abyección moral de la que la cultura democrática arrancó a la humanidad. Esta es una política que, por supuesto, no debería ser asumida con cortapisas ideológicas ni hemiplejías pragmáticas. Si el régimen del general Cédrars, en Haití, o el del apartheid en Africa del Sur, eran condenables y merecieron un repudio de la comunidad internacional que facilitó su caída ¿por qué apuntalar al de China Popular, que trata a sus disidentes como aquéllos trataban a los suyos?

El argumento que suelen oponer los adversarios de una política de acoso y derribo a las dictaduras por parte de las democracias es el especioso de la soberanía: habría que respetar ésta como un tabú sagrado, aun cuando, a su amparo, déspotas y rufianes amparados en la fuerza bruta perpetraran los más ignominiosos crímenes contra sus pueblos. El argumento era falaz ya en el pasado, pero lo es mucho más ahora cuando, a raíz de la globalización y la interdependencia irremediable en que se hallan todas las sociedades unas de otras, la soberanía es cada vez más una fórmula retórica y cada vez menos una realidad sustantiva. Lo cierto es que debido a esta estrecha interdependencia resultante de la internacionalización de los mercados, los capitales, las empresas, las técnicas, las comunicaciones, cuando las grandes sociedades democráticas no hostilizan a las dictaduras, las ayudan a perennizarse. Esa es la función que tienen las inversiones de capitales o las ayudas humanitarias o de cooperación técnica, que los gobiernos autoritarios automáticamente canalizan en su provecho, a veces, a la manera de un Mobutu, para llenarse los bolsillos, y, siempre, para fortalecer su poder y negociar la anuencia de la comunidad internacional con sus excesos.

Apoyar una dictadura no es sólo inmoral para un gobierno democrático; puede ser también un pésimo negocio para aquellos empresarios del mundo occidental que, seducidos por los cantos de sirena con que los atraen los regímenes autoritarios, invierten en ellos y descubren, de pronto, como Baruch Ivcher, que la falta de estabilidad jurídica y la arbitrariedad que caracterizan a un gobierno de fuerza, pueden golpearlos también, el día menos pensado, despojándolos de todo lo que tienen. Y, viceversa, que la democracia, incluso imperfecta, garantiza a las empresas una permanencia y seguridad para trabajar impensables bajo una dictadura. Es el caso de Chile, por ejemplo, donde, bajo los gobiernos de Aylwin y de Frei, los inversores extranjeros han obtenido beneficios mucho más elevados que cuando Pinochet. Y algo más importante: la seguridad de que ningún gobierno futuro vendrá a tomarles cuentas por lo que hicieron o dejaron de hacer al amparo del oprobio político.

Así lo entendió el presidente Rómulo Betancourt, de Venezuela, en los años sesenta, cuando trató de persuadir a toda la comunidad democrática de una política coordinada para socavar a las dictaduras, de cualquier signo ideológico, y de apoyo activo a los demócratas que luchaban por derribarlas. La doctrina Betancourt proponía que los gobiernos democráticos rompieran relaciones diplomáticas de manera automática con todo gobierno resultante de un golpe de Estado, sanciones económicas y una acción de denuncia y acoso en los organismos internacionales contra los regímenes de facto. Durante algunos años, de manera quijotesca, Venezuela practicó esta política, pero no tuvo seguidores, y por razones obvias: en América Latina proliferaban entonces las dictaduras. Hoy día las cosas han cambiado, regímenes como los de Castro y Fujimori son la excepción, no la regla, y quizá la admirable iniciativa de Rómulo Betancourt pueda ser resucitada y puesta en práctica. Si ella dio resultados en Sudáfrica y Haití, podría darlos también en todos aquellos países sobre los que se abata la peste autoritaria.

Sé muy bien que esto es difícil, porque, amparando su pusilanimidad o su falta de principios tras la cortina de humo del muchos gobiernos democráticos latinoamericanos mantienen con la dictadura peruana una tolerancia y complicidad tan repugnantes como las que guardan con la de Fidel Castro. Piensan que así se evitan problemas. Se equivocan garrafalmente. La existencia de un régimen como el de Fujimori, una dictadura militar con el semblante formal de la democracia -gracias al fantoche civil que tiene al frente, a las rituales mojigangas electorales, y a los manipulados poderes legislativo y judicial- es un gravísimo riesgo para la democratización del continente, aún en pañales y precaria. Pues ha inaugurado un nuevo modelo autoritario, adaptado a estos tiempos, irrespirables para el clásico tiranuelo con entorchados, tipo Trujillo, Somoza, Rojas Pinilla o Batista, que guarda ciertas apariencias democráticas, pero conserva los mismos hábitos y prohíja la misma corrupción y brutalidad que las de antaño. Desenmascararlo y combatirlo hasta que se desplome y la democracia retorne al Perú es, también, una manera de impedir que el mal ejemplo cunda.

Ojalá los diputados españoles tengan presentes estas razones cuando debatan el proyecto del PSOE. Y ojalá España, que ya dio un ejemplo a América Latina de exitosa transición pacífica de una dictadura a una democracia, algo que reverberó felizmente en las transiciones equivalentes de Chile, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, lo dé, también, de una movilización activa de toda la clase política de una democracia moderna en favor de quienes, allá lejos, en el antiguo Perú, como los 25 periodistas de Frecuencia Latina que se han quedado sin trabajo y expuestos a todos los percances por su sentido del deber, resisten el renacer de la barbarie.
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